En virtud de cuanto antecede, y oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior, en su reunión de 23 de abril de 2019, el Defensor del Pueblo, de acuerdo con la legitimación que le confieren los articulas 162.1.a) de la Constitución, 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula esta Institución, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 4/2019, de 29 de enero, de medidas urgentes en materia de transporte de viajeros mediante el alquiler de vehículos con conductor.
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