En virtud de cuanto antecede, y oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior, en su reunión de 20 de mayo de 2019, el Defensor del Pueblo, de acuerdo con la legitimación que le confieren los artículos 162.1.a) de la Constitución, el 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y el 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula esta institución, ha resuelto no interponer recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2.2.c, j y k; 22.1.b; 23.1.d, e y f; 25.2, 4 y 6; 27.7, 8 y 9 y 28.2 y 4 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
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