Decálogo para la buena Administración

30/10/2024

El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; la Síndica de Greuges de Cataluña, Esther Giménez-Salinas; la Valedora do Pobo de Galicia, Dolores Fernández; la Diputada del Común de Canarias, Mª Dolores Padrón; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, y el Ararteko del País Vasco, Manuel Lezertua, han hecho este miércoles un llamamiento para que las y los servidores públicos actúen con “empatía y sensibilidad social” en su trato con los ciudadanos, especialmente con las personas más vulnerables.

En esta línea, han recordado que la buena Administración exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas, lo que implica que las personas intervinientes en el ejercicio de potestades y funciones públicas sean proactivas, se pongan en el lugar de los ciudadanos y les asistan en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, han reclamado que la labor de los servidores públicos “garantice el derecho de los ciudadanos a ser oídos, a recibir información comprensible y a participar activamente en los procedimientos administrativos”.

Así lo han establecido en la declaración que han adoptado en las XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, que se han celebrado en Vitoria-Gasteiz los días 29 y 30 de octubre bajo el lema La labor de las defensorías en la promoción del derecho a la buena Administración. Los defensores se han comprometido a aplicar en su labor cotidiana diez medidas contenidas en la declaración.

El decálogo programático apunta también que la buena Administración implica un conjunto de obligaciones impuestas a las administraciones públicas para actuar con la diligencia debida en el ejercicio de sus competencias, garantizando no solo el cumplimiento estricto de los procedimientos legales, sino la plena efectividad, en cada caso concreto, de los derechos y garantías reconocidos a la ciudadanía.

En este sentido, los defensores destacan la necesidad de asegurar “derechos tan básicos como el de ser atendido de manera presencial y con inmediatez”, y no encuentran justificada “la imposición de cita previa obligatoria o la extensión desmedida de la obligación de relacionarse telemáticamente con la Administración”.

Asimismo, consideran imprescindible la dotación de recursos humanos adecuados para la prestación de los servicios públicos, así como la formación continua y la sensibilización del personal sobre los principios y valores de la buena Administración. “Ello exige adoptar medidas para garantizar el relevo generacional y una planificación que permita anticiparse a las necesidades actuales y emergentes”, han subrayado.

Nuevas tecnologías

La declaración adoptada apunta, además, que la buena Administración demanda incorporar la innovación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios públicos. No obstante, ve necesario que una “digitalización responsable en clave social” asegure la transparencia, la seguridad y privacidad de los datos en el uso de herramientas electrónicas.

En cuanto al uso de la inteligencia artificial los defensores reconocen que tiene un potencial significativo para mejorar la calidad de los servicios públicos, pero piden preservar la intervención humana en las decisiones finales, “a fin de proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía y evitar posibles sesgos y discriminaciones”.